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Boletín de noticias 19 de abril de 2012
EL ESPECTADOR
JUAN FERNANDO JARAMILLO, UN INTELECTUAL QUE SABÍA REÍR
Por: Andrés Páramo Izquierdo
No a diario encuentra uno a un intelectual del carácter de Juan Fernando. De su sentido del humor, de su vitalidad, de su sencillez ni de su ‘anti-esnobismo’ declarado.
Bastaba sentarse con él un rato en lo que sus más queridos compañeros bautizaron como ‘el ala Juan Jaramillo’ —su oficina en la sede de Dejusticia—, para que empezara a inundar al visitante con su profunda voz; con su risa a carcajadas que hacía retumbar las paredes.
Hablar con él era encontrar a un interlocutor de primer nivel. No sólo por sus inmensos conocimientos del derecho y la sociedad, sino porque tenía una facultad hoy perdida entre los seres humanos y, sobre todo, entre los académicos: oír con atención cada palabra ajena y medir las propias con cuidado.
“Nunca conocí a un intelectual con una capacidad como la suya para oír con atención lo que piensan los demás, para entender sus argumentos y para adoptar un punto de vista propio, prudente, pero firme en la defensa de principios”, dice Mauricio García Villegas, uno de sus más grandes amigos.
En esa esencia suya residía su vocación de maestro. En la forma como escuchaba los argumentos de cada estudiante, para integrarlos luego con el problema expuesto (la teoría constitucional que enseñaba, siempre era revisada sobre un trasfondo de conflictos sociales) y, finalmente, llevar a su clase de la ignorancia al conocimiento con una facilidad deslumbrante.
De tal facultad se derivó también su habilidad, dentro de esa Corte Constitucional de la que fue magistrado auxiliar durante más de una década. Juan Fernando le dio a Colombia parte de la más refinada jurisprudencia de ese órgano: un ejemplo —entre muchos otros— es la sentencia C-358 de 1997 que restringió el fuero militar, excluyendo de la justicia militar las violaciones graves a los Derechos Humanos.
Juan Carlos Henao, uno de los magistrados titulares que trabajó con Juan Fernando tras bambalinas, recuerda con mucha admiración su profundo conocimiento de las sentencias proferidas por el alto tribunal. Lo califica como ‘la generosa memoria institucional de la jurisprudencia de la Corte’. El don del juez, el de ponderar dos posiciones en conflicto, lo había adquirido casi de una forma natural e incomprensible. Iba con él.
Jaramillo estudió derecho en la Universidad Externado de Colombia para luego irse a Alemania y hacer un doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de Heildelberg. Volvió a Colombia convertido tal vez en el mayor experto en sistemas políticos y sistemas electorales del país. Sus acertados estudios sobre la reelección en América Latina y lo que ésta suponía para la democracia y el constitucionalismo, lo demuestran de sobra. Era un convencido de que las reglas de juego electoral no son un asunto menor del derecho público y de la democracia, sino parte fundamental del funcionamiento de nuestros sistemas políticos.
Pero Jaramillo era particular. Eso lo llevó por un camino distinto, ya que no quiso ganar glorias (que le sobrarían hoy en día) desde su juventud, sino trabajar primero por ese país que amaba y hacía suyo a través de un estilo de vida particularmente sencillo. Por eso en los años 80 se internó en el Magdalena en una expedición que calificó como una de las mejores experiencias de su vida: trabajó de cerca con las comunidades campesinas para alcanzar, en el mundo real, ese derecho que veía tan bonito en el papel. Por eso fue activista. Por eso dio cruzadas por la democracia en la Defensoría del Pueblo y en la Corte Constitucional.
Se preparó toda la vida para darle al país una academia seria y rigurosa. Nada de sobreproducción, nada de muchos volúmenes: algo sencillo pero muy bien hecho. Como sus clases de la Universidad Nacional que, por más que las hubiera dictado una infinidad de veces, las preparaba el día anterior con dedicación y pasión como si se tratara de la primera vez.
Una gran pérdida, sin duda. Incomprensible y prematura. Y más allá de textos, columnas, o clases (que hay que replicar y difundir), a muchos de sus alumnos, compañeros, discípulos y amigos, nos queda el recuerdo de su sonrisa. De su exultante personalidad.
Paz en la tumba de un intelectual distinto.
Cinco ideas claves en su obra
1. Los desafíos que ha tenido que enfrentar (con mayor o menor fortuna) el constitucionalismo latinoamericano, han hecho de este algo original y distinto del constitucionalismo europeo o estadounidense.
2. La democracia en América Latina requiere de organizaciones electorales independientes de los partidos y de los gobiernos. Esta idea la desarrolló en su tesis doctoral, el estudio histórico, jurídico e institucional más completo de la organización electoral que se ha hecho en Colombia.
3. Es necesario crear nuevas y específicas metodologías para evaluar las políticas públicas desde los derechos humanos. Entre ellas se destaca el programa Prosdeher, de la Defensoría del Pueblo, creado bajo su orientación cuando fue defensor delegado en lo constitucional.
4. El derecho constitucional no sólo se aprende en los textos consagrados en las constituciones sino también en la historia de las luchas sociales, en las ideas políticas y en la literatura de los pueblos.
5. La Iglesia Católica ha sido un actor fundamental, tanto para bien como para mal, en la historia constitucional latinoamericana. Por eso hay que estudiar más el papel que ha jugado en nuestras instituciones.
EL TIEMPO
SE CAE REGRESO DE FUERO MILITAR A LA REFORMA DE LA JUSTICIA
Con 11 votos en contra y 7 favor, se hundió esa posibilidad en la comisión primera del Senado.
En consecuencia, se eliminó del proyecto de reforma de la justicia el artículo sobre la justicia castrense, uno de los puntos en los que había insistido el expresidente Álvaro Uribe.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, afirmó: "Las proposiciones que sean debatidas y negadas son proposiciones que, hasta donde yo conozco el reglamento, no pueden volver a incorporarse más adelante. Es decir, termina esto y simplemente lo que queda es el proyecto más grande, más amplio y más analizado y detallado de justicia penal militar que ya hizo curso en la Cámara de Representantes".
Por otra parte, la tesis que había presentado el fiscal General, Eduardo Montealegre, para que el ente investigador participara en el juzgamiento de los congresistas fue derrotada la noche de este miércoles en el Congreso.
En el quinto de ocho debates reglamentarios de la enmienda constitucional que reforma la justicia, la Comisión Primera del Senado aprobó que los procesos contra los legisladores se mantengan en la Corter Suprema de Justicia, pero implementando una doble instancia.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, le dijo a Montealegre que "el proyecto que hay aquí no ha sido un impromptu, ni ha sido sacado del sombrero en una madrugada. Ha sido elaborado con dedicación, transparencia, detenimiento y sobre todo con el deseo de acertar".
Para conocer de estos procesos, el alto tribunal tendría dos salas, una de instrucción y otra de juzgamiento.
Aunque la ponencia que se está votando elimina el artículo sobre el fuero militar, debido a que se está tramitando otro proyecto en igual sentido en la Cámara de Representantes, el senador Juan Carlos Vélez, de 'la U', presentó una proposición para que regrese al texto de la iniciativa, la cual se debate esta noche.
El proyecto debe todavía superar tres debates en el Congreso, antes del 20 de junio, para incorporarse a la Constitución.
'EL DEBATE DE LA REFORMA JUDICIAL ESTÁ PERVERTIDO': CONSEJO DE ESTADO
El tribunal señaló que no volverá al debate de la ley y que esta "afecta la independencia".
ELTIEMPO.COM estableció que la Sala Plena del Consejo de Estado criticó la manera como quedará el juzgamiento de aforados en el proyecto de ley que está siendo debatido en el Congreso.
"So pretexto de establecer un régimen para los aforados se está minando la independencia del juez", dijo el presidente del alto tribunal, magistrado Gustavo Gómez.
Además, una de las razones por las que no va a participar en la discusión es que el proyecto de ley ya está muy avanzado.
Sin embargo, fuentes del alto tribunal aseguraron que le entregarán, por separado, sus inquietudes sobre la reforma al Congreso, a la Fiscalía, a la Procuraduría, a la Fiscalía y a la Contraloría.
"Se llegó a un punto en que el debate está demasiado pervertido. La presencia del Consejo de Estado no reviste de ninguna autoridad", agregó el magistrado.
A esta hora, la Comisión I del Senado termina de evacuar los últimos artículos del proyecto de reforma de la Justicia, en su quinto de ocho debates. Los congresistas debaten sobre la forma del juzgamiento de los aforados.
Las críticas de Gómez
Ayer, el magistrado Gustavo Gómez se pronunció, a título personal, en la Comisión Primera del Senado sobre el tema.
Allí cuestionó algunas de las medidas que tiene la Reforma a la Justicia, como que los abogados y notarios puedan, en casos excepcionales, ayudar a descongestionar los juzgados.
A finales del año pasado, el entonces presidente del Consejo de Estado, Mauricio Fajardo, decidió retirarse de la discusión de la Reforma, por considerar que afectaba y alteraba el equilibrio que debe existir en la Rama Judicial. La misma decisión fue tomada por la Corte Suprema de Justicia.
LA CORTE SUPREMA ORDENA SACAR A DIOS DE LOS FALLOS
En una sentencia, le llamó la atención a procuradores, jueces y fiscales por anteponer creencias.
La Corte Suprema de Justicia les acaba de hacer un fuerte regaño a procuradores, jueces y fiscales por anteponer creencias religiosas a las razones jurídicas, al ratificar la absolución de dos supuestos miembros de sectas satánicas por la muerte de un niño de 15 años ocurrida en una playa de Santa Marta, en el 2005.
La Sala Penal determinó que el crimen no ocurrió en un sacrificio -como lo sostenían Fiscalía y Procuraduría- sino que fue cometido por un hermano de la víctima, aparentemente por rivalidades familiares.
En la sentencia, la Corte les advierte a los funcionarios judiciales que "en sus intervenciones, conceptos, actos, resoluciones y providencias se deben guiar únicamente por la razón, como criterio rector del sistema jurídico".
"El Estado no debe intervenir en asuntos religiosos, y, a su vez, posturas de esta índole no pueden ser parte de la cuestión pública, ni mucho menos justificar los actos políticos, los conceptos jurídicos o las decisiones judiciales", dice la sentencia, que cuestiona a la fiscal del caso porque pretendió mostrar como indicio contra los dos acusados sus convicciones contrarias a la existencia de Dios.
El homicidio conmovió a la Costa Atlántica en el 2005, pues el hermano de la víctima, Rafael Enríquez Cabana, aceptó que participó en el crimen y que él mismo lo entregó como supuesta cuota de sangre para la secta.
Con base en su testimonio, que varió tres veces durante el proceso, la Fiscalía capturó y logró que un juez de primera instancia condenara a estas dos personas.
El Tribunal Superior de Santa Marta tumbó la condena porque no encontró pruebas reales de que la muerte hubiera ocurrido en un rito.
Entre los elementos que según Fiscalía y Procuraduría involucraban a los acusados estaban libros como Los versos satánicos, de Salman Rushdie; La semilla del diablo, de Ira Levin y
La lucha contra el demonio, de Stefan Zweig. También, que lucían orificios en sus orejas "que no eran naturales".
La fiscal también aseguró que la necropsia estableció que las siete heridas cortopunzantes que causaron la muerte del menor tenían como propósito hacer que la sangre saliera con rapidez del cuerpo, para beberla ritualmente.
La Corte calificó estas versiones de "absurdas e imposibles y llenas de incoherencias y fantasía".
Aunque los magistrados afirman que los homicidios en rituales "son eventos posibles", también dicen que su ocurrencia "es improbable". En ese sentido, critican a la fiscal y al procurador por dar crédito a versiones que no fueron probadas en la investigación y, a pesar de ello, insistir en la condena con argumentos como este: "Si en Bogotá una secta satánica mató a un gato con el fin de beberle la sangre -cuestiona el fallo-, entonces no es menos cierto que en Santa Marta apuñalaron a un niño para hacerle otro tanto".
EL DESPLAZAMIENTO SUBIÓ UN 52 POR CIENTO EN EL 2011: CICR
En Necloclí, Antioquia, miles de familias marcharon en febrero a favor de la restitución.
Así lo concluye un informe de la Cruz Roja Internacional en Colombia.
Un aumento del 52% en el desplazamiento masivo en el país en el 2011 fue reportado ayer por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Colombia.
El incremento en las cifras se conoció durante la presentación de un estudio sobre la situación humanitaria, y en un informe de las actividades que desarrolla en el país el organismo humanitario.
"Se ha detectado que en el 2011 hubo un aumento del 52 por ciento en el desplazamiento masivo", explicó Jordi Raich, jefe de la delegación del CICR en Colombia, quien aclaró que las cifras en las que se basa su afirmación pertenecen al Departamento para la Prosperidad Social.
"No se ha cuantificado qué grupos o bandas son responsables de qué cantidad de desplazamiento. En general, las problemáticas que hemos presentado son dificultades que detectamos, tanto por la actividad en el conflicto armado interno entre Farc, Eln y Gobierno como por la actividad de las llamadas bacrim", añadió.
EL ESPECTADOR
GOBIERNO PIDE AL CONGRESO ELIMINAR EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
La solicitud se da luego de que en quinto debate de la reforma a la justicia, el Senado dejara vivo ese tribunal.
l Gobierno Nacional pidió de nuevo al Congreso de la República que elimine el Consejo Superior de la Judicatura de la rama judicial.
Luego de que en la aprobación en quinto debate de la reforma a la justicia la comisión primera del Senado 'salvara' ese tribunal, el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, explicó la necesidad de acabar esa alta corte, encargada de administrar los recursos que llegan a la justicia y procesar a los jueces del país.
Según él, es "inconveniente la supervivencia" del Consejo Superior de la Judicatura. Para el Gobierno ni la Sala de Gobierno ni la Jurisdiccional Disciplinaria están funcionando de manera correcta.
"La historia reciente del Consejo de la Judicatura, tanto en su Sala administrativa como en la Disciplinaria, en sus 20 años al servicio de la República demostró hasta la saciedad que fue muy inferior a las expectativas que se generaron en la Asamblea Nacional Constituyente y no se han cumplido ni remotamente tal como debían haberse cumplido sus tareas", advirtió el alto funcionario.
En cuanto a la figura de pérdida de investidura de los congresistas, el ministro recordó que se aprobó la doble instancia y que la responsabilidad objetiva y la sanción, deberá atender al principio de proporcionalidad.
Sobre este último punto, el Gobierno se mostró en desacuerdo, al considerar que desvirtúa la esencia de la pérdida de investidura.
La reforma ahora pasa a plenaria del Senado para que sea aprobado en sexto debate y pase a la Cámara de Representantes a los dos debates finales.
SE HUNDIÓ PETICIÓN URIBISTA DE FUERO MILITAR EN REFORMA A LA JUSTICIA
Los argumentos del expresidente Álvaro Uribe no fueron avalados en la comisión primera del Senado.
Finalmente, no prosperó la idea del uribismo de mantener el fuero militar dentro de la reforma a la justicia.
Aunque hubo una larga deliberación entre los defensores de esa iniciativa, no tuvo el aval de la comisión primera del Senado, donde se llevaba a cabo el quinto de ocho debates de la reforma.
La petición uribista
El senador Juan Carlos Vélez Uribe argumentó que no es posible dejar en el limbo a las Fuerzas Militares, frente a varias actuaciones que en materia de orden público se están llevando a cabo.
Según él, hay 16 mil militares incursos en proceso penales, mientras apenas hay tres mil guerrilleros detenidos en las cárceles del país.
“Cumplo con mi deber de pedirles que de verdad piensen qué puede pasar si nosotros no aprobados este fuero militar y si no damos ese apoyo que demanda la Fuerza Pública”, explicó Vélez.
A su turno, el senador Manuel Enríquez Rosero, defendió con vehemencia el fuero señalando que ésta "es una solicitud respetuosa".
El mismo expresidente Álvaro Uribe Vélez ha pedido mantener vivo el fuero en la reforma pues “los delitos para la Justicia Ordinaria se conocen, lo necesario es que la Justicia Penal Militar aboque el hecho y distribuya cuando corresponda”.
“La garantía para los soldados es que la Justicia Penal Militar tenga conocimiento inicial del hecho y ella decidirá sobre traslado a la Justicia Ordinaria”, sostuvo.
Y continuó: “El fuero de la reforma permitiría que delitos ordinarios y atroces, de inmediato los conozca la Justicia Ordinaria (…) la confianza, transparencia y eficacia de nuestras Fuerzas Armadas depende de nuestra confianza a sus instituciones”.
NIEGAN POSIBILIDAD DE QUE FISCALÍA INVESTIGUE A LOS CONGRESISTAS
Aunque el jefe del ente investigador, Eduardo Montealegre, hizo la propuesta, esa iniciativa fue rechazada en la votación en quinto de ocho debates en la reforma a la justicia.
Dentro del articulado de la reforma a la justicia aprobado en quinto de ocho debates en la comisión primera del Senado, finalmente los congresistas se ‘desmarcaron’ de la Fiscalía General de la Nación.
Aunque el fiscal Eduardo Montealegre pidió que los legisladores fueran investigados por el ente acusador, los mismos congresistas –con aval del Gobierno– se negaron a dicha idea.
Así quedó el juzgamiento de congresistas
Para el juzgamiento de los legisladores se crea la doble instancia, donde habrá una sala de Investigación y Calificación y una Sala de Juzgamiento, las cuales adelantarán, respectivamente, las etapas de investigación y juzgamiento en la primera instancia, de los procesos que se adelanten contra los legisladores.
“Sus miembros deberán cumplir con las calidades exigidas para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia y no podrán ser elegidos con posterioridad como magistrados de ninguna corporación judicial”, explica el proyecto.
Esa ‘súper-sala’ tendrá diez miembros, quienes serán elegidos por la Corte Constitucional de ternas integradas por el Presidente de la República, los cuales se dividirán en dos salas, una para adelantar las investigaciones penales, y otra para conocer de los procesos disciplinarios
La segunda instancia en los procesos de los congresistas será en la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia.
Procurador, sin dientes frente a los congresistas
De otro lado, se aprobó en el acto legislativo que el procurador podrá ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, “inclusive las de elección popular excepto los congresistas”.
Esta era una de las promesas que había hecho el mismo Alejandro Ordóñez Maldonado, cuando se posesionó como jefe del Ministerio Público.
Juzgamiento presidencial
También se aprobó que la Cámara de Representantes seguirá investigando al Presidente de la República. Corresponde al Senado conocer de las acusaciones que formule la Cámara de Representantes contra el Presidente de la República o quien haga sus veces, contra el Vicepresidente de la República y contra los magistrados de la Corte Constitucional.
“La Cámara de Representantes tendrá la obligación de acusar ante el Senado al Presidente de la República o a quien haga sus veces, al Vicepresidente de la República y a los magistrados de la Corte Constitucional”, sostuvo.
Investigación fiscal de aforados
De otro lado, se confirmó que el control fiscal será exclusivo de la Contraloría General de la República. “El control fiscal sobre los aforados constitucionales será ejercido por la Contraloría General de la República. Lo anterior no se aplicará al Presidente de la República o a quien haga sus veces, al Vicepresidente de la República y a los magistrados de la Corte Constitucional”, indica la iniciativa.
CORTE CONSTITUCIONAL AVALÓ REFORMA DE SOSTENIBILIDAD FISCAL
El cuestionado proyecto busca que se puedan modificar el pago de cuotas de las sentencias proferidas por las Cortes.
La Sala Plena de la Corte Constitucional avaló la Reforma Constitucional de Sostenibilidad Fiscal que abre la posibilidad para que los ministros y la Procuraduría General puedan solicitar la modificación, modulación o disposición del pago de cuotas establecidas en las sentencias emitidas por las cortes.
En la decisión se señala que dichas solicitudes se podrán presentar si no se afectan los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de 1991.
El polémico proyecto fue demandado al considera que se ponían bloqueos y trabas a los alcances de las tutelas al establecer que los falladores no podrían sentenciar un pago que supuestamente ponga en riesgo la sostenibilidad fiscal del Estado.
Al no encontrar irregularidades, la Corte Constitucional declaró exequible el acto legislativo aprobado por el Congreso de la República bajo el rotulo de “promover la disciplina fiscal y blindar el manejo de las finanzas públicas en el mediano plazo”.
Con esa reforma se busca promover la disciplina fiscal y blindar el manejo de las finanzas públicas en el mediano plazo.
También, asegurar un nivel sostenible de la deuda pública, permitir un manejo contracíclico de la política fiscal y aumentar la confianza y credibilidad en el manejo sostenible de las finanzas públicas.
Con este acto se creó la figura denominada Incidente de Impacto Fiscal, por medio de la cual el procurador o uno de los ministros pueden solicitar que las sentencias proferidas por cualquiera de las altas cortes, se puedan modular, modificar o diferir, sin que en ningún caso se afecte el núcleo esencial de los derechos fundamentales.
RIFIRRAFE ENTRE MINJUSTICIA Y FISCAL POR REFORMA A LA JUSTICIA
Ante las críticas de Eduardo Montealegre al proyecto, Juan Carlos Esguerra le dijo que éste "no fue sacado del sombrero en una madrugada".
temporal
Un agudo choque quedó planteado este miércoles entre el fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, y el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, en medio de la discusión de la reforma a la justicia que está en trámite en el Congreso.
Primero fue Montealegre, quien hizo duras críticas a la reforma, señalando que la propuesta del Gobierno y el Congreso, sobre la investigación y el juzgamiento de los aforados –entre ellos los mismos legisladores– “retrocede en la historia, que está anclada en un modelo de la Edad Media”.
“Mantenemos en el siglo XXI estructuras inquisitivas, características de épocas oscuras de la revolución francesa…hay un modelo más garantista y es el modelo acusatorio”, sostuvo el fiscal ante la comisión primera del Senado, donde se adelanta la discusión en el quinto de ocho debates de aprobación del acto legislativo.
Y continuó: “No entiendo estos retrocesos. Mi propuesta en la investigación de los aforados es que se avance al modelo acusatorio que tendría una característica; intervendrían tres instituciones: la Fiscalía, los tribunales de garantías de alto nivel elegidos por la Corte Suprema de Justicia de ternas de alto nivel y un juzgamiento en la misma Corte”.
En la respuesta enérgica de Esguerra, le aclaró al fiscal que “el proyecto que hay a consideración del Congreso, no fue sacado del sombrero en una madrugada”.
El alto funcionario le recordó a Montealegre que “no hay razón para que un juzgamiento o una investigación que ha de concluir en una determinación, no se surta a través del instrumento de la doble instancia”.
Le explicó que en la propuesta del Gobierno y el Congreso, “se separará la instancia de investigación de la instancia de juzgamiento…la propuesta en el juzgamiento es resultado de lo que surgió de la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia”.
RAMA JUDICIAL RECIBIRÁ $1.8 BILLONES ADICIONALES REPARTIDOS EN PRÓXIMOS 6 AÑOS
Así quedó establecido en la reforma a la justicia. Ese dinero deberá servir para la descongestión de los más de dos millones de procesos represados.
La rama judicial recibirá por los próximos 6 años, $1.8 billones adicionales, según quedó aprobado en la reforma a la justicia en quinto de ocho debates en la comisión primera del Senado.
Ese dinero deberá servir para que la rama implemente las TIC, fije expedientes digitales y agregue planes de descongestión.
El viceministro de Justicia, Pablo Felipe Robledo, en la discusión, dijo que “nosotros como Gobierno hemos hecho unas evaluaciones y unos estudios que nos permitirán satisfacer mediante una burbuja presupuestal de los próximos 6 años, algunos programas importantísimos del sector jurisdiccional (…) todo lo tenemos cuantificado”.
En el mismo sentido, señal que está demostrado que “han incumplido quienes administran la rama judicial”.
El funcionario criticó que después de tantos meses de discusión de la reforma, aún el Consejo Superior de la Judicatura aún no haya dicho cuál es su propuesta en materia presupuestal para la justicia, después de tanto tiempo de discusión de la reforma.
“Hoy en día después de tantos meses de haberse radicado el proyecto, no conocemos ningún documento del Consejo Superior de la Judicatura que indiquen cuales son las necesidades presupuestales de la rama, cuales son los programas a ejecutar y cuáles los mecanismos de desembolso”, agregó.
NOTARIOS Y ABOGADOS PODRÁN SER 'JUECES' DE MANERA TEMPORAL
Aunque algunos advierten la privatización de la justicia, así fue aprobado en otro artículo de la reforma a la justicia que está siendo votada en la comisión primera del Senado.
La comisión primera del Senado de la República aprobó el artículo del proyecto de reforma a la justicia que establece nuevas medidas en materia de descongestión para la rama justicia.
La idea es que “de manera excepcional, se puedan conferir funciones jurisdiccionales a centros de arbitraje, centros de conciliación y notarios”.
Sin embargo, para el caso de los notarios sólo podrán asumir procesos en materias no contenciosas o de jurisdicción voluntaria.
“Las decisiones adoptadas por autoridades administrativas, notarios, centros de arbitraje, centros de conciliación y abogados en ejercicio en calidad de jueces adjuntos, cuando ejerzan funciones jurisdiccionales, serán apelables ante el superior funcional del juez que hubiese sido el competente en caso de haberse optado por la vía judicial cuando dicho recurso fuere procedente”, señala el proyecto.
También queda claro que, según la reforma constitucional, “en cada municipio habrá al menos un juez, cualquiera que sea su categoría y en cada departamento habrá al menos un Tribunal”.
Ahora, la comisión primera se apresta a discutir el artículo del presupuesto para la rama judicial.
CONSEJO DE ESTADO NO REGRESARÁ AL DEBATE SOBRE LA REFORMA A LA JUSTICIA
Se considera que se podría solicitar acompañamiento a los entes internacionales por este “atentado a la Constitucional”.
Después de una larga deliberación, el Consejo de Estado determinó no regresará ni participará nuevamente en los debates que se adelantan en el Congreso de la República en el tema del proyecto a la reforma a la justicia.
Según lo manifestó el presidente del alto tribunal, Gustavo Gómez Aranguren “no hay utilidad para regresar al debate” señalando que lo registrado en las últimas discusiones se ha podido inferir que las altas cortes no van a tener una participación importante en lo que queda de la revisión del proceso.
Y es que uno de los principales puntos de discusión es el hecho de que el proyecto estaría incurrierdo en una extralimitación de los regímenes éticos y penales “para asegurar el buen comportamiento de sus legisladores”, considerando que se pone en riesgo cualquier investigación o proceso que se vaya a adelantar contra los congresistas.
En este sentido se indica que se perdería la figura de pérdida de investidura para los congresistas que incurran en alguna falta disciplinaria puesto que se eliminarían las competencias del Consejo de Estado para adelantar este tipo de procesos.
“Se pierde el régimen disciplinario, penal y de pérdida de investidura que se estableció en la Constitución del 91 con lo cual se buscó la conformación de un Congreso digno y sometido a la ley”, precisó el magistrado Gómez Aranguren.
Para el presidente del Consejo de Estado, es evidente que la reforma afecta la independencia judicial y libertad de las Cortes. “La competencia de lo contencioso administrativo está siendo descuartizada”.
Ante esto manifestó que, después de una reunión de reflexión que se adelantara con las otras cortes y agentes judiciales, se estudiará la posibilidad de pedir un acompañamiento internacional ante lo que se considera un “atentado a la Constitución”.
“Se ha impartido justicia de una manera seria y responsable, sería muy triste perder esa conquista en un órgano de tan gran importancia como es el Congreso de la República”, aclaró.
SOLDADOS PROFESIONALES CON MEDIDA DE ASEGURAMIENTO NO PODRÁN SER RETIRADOS
Según la Corte Constitucional solamente podrán ser suspendidos del Ejército mientras dura el proceso.
La Corte Constitucional consideró que los soldados profesionales a los que se les abra una investigación penal o disciplinaria no podrán ser retirados de la institución, sino que solamente serán suspendidos por el tiempo que dure el proceso.
Con esta decisión se protege la detención preventiva de los soldados profesionales, señalando que no podrán ser retirados pese a que cumplan 60 días cobijados con la medida de aseguramiento.
“El soldado profesional a quien se le profiera medida de aseguramiento consistente en detención preventiva que exceda de sesenta (60) días calendario, será retirado del servicio”, fue el artículo modificado por la Corte Constitucional.
La decisión se tomó después de estudiar la demanda contra el artículo 11 del decreto 1793 de 2000, por el cual se expide el Régimen de Carrera y Estatuto del Personal de Soldados Profesionales de las Fuerzas Militares.
ADRIANA MARÍA GUILLÉN REMPLAZARÁ AL MAGISTRADO JUAN C. HENAO EN LA CORTE
El togado estará en su cargo hasta el 30 de abril para asumir la rectoría de la Universidad Externado.
La Sala Plena de la Corte Constitucional designó como magistrada encargada a Adriana María Guillén en reemplazo de Juan Carlos Henao, quien renunció para asumir la rectoría de la Universidad Externado de Colombia.
Guillén, quien se desempeñó como magistrada auxiliar del magistrado Heano, es abogada de la Universidad Externado y especialista en tributación de la Universidad de Los Andes. Ha sido asistente de la presidencia de Ferrovías y jefe de contratos de la universidad de Los Andes.
Igualmente se desempeñó como magistrada auxiliar del Consejo de Estado sección tercera durante el periodo 2007-2008, en el despacho de los magistrados Alier Hernández y Mauricio Fajardo.
También se desempeñó como procuradora delegada ambiental y agraria a nivel nacional ante la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado sección tercera entre 2002 y 2007.
Después de eso ocupó el cargo como asesora jurídica de la presidencia de Caracol Televisión de 2008 a 2009.
La magistrada encargada es esposa del exprocurador General, Edgardo Maya Villazón, quien estuvo en la jefatura del Ministerio Público en el periodo 2001 al 2008.
El alto tribunal tendrá un lapso de quince días para presentarle la terna ante el Senado de la República para que se elija el nombnre del magistrado que reemplazará en propiedad a Henao.
La elección deberá producirse dentro de los treinta días siguientes a la fecha de presentación de la terna o de la iniciación del período ordinario de sesiones en caso de que a la presentación de la misma el Congreso se encontrare en receso.
ADELANTE SEÑORA CONTRALORA
Por: Uriel Ortiz Soto
Que ya el Honorable Consejo de Estado, falló a su favor, y ordenó a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, devolver los expedientes de los traviesos “Honorables Magistrados” implicados en el vergonzoso caso de las pensiones. Luche porque le restablezcan plenamente todos sus derechos con los demás aforados. La Constitución Política, no hace excepciones. Todos somos iguales ante las decisiones de los Organismos de Control.
Siempre hemos dicho a través de esta columna, que, la pureza y transparencia de los Actos Administrativos, dependen de la majestad impoluta de los organismos que los dictan o promueven. La semilla sembrada en terrenos áridos, no tiene por qué producir buenos frutos.
Con la anterior apreciación nos queremos referir a la comisión de Conjueces, nombrada por el Consejo Superior de la Judicatura, con el fin de limitar a la Contraloría General de la República, su acción fiscalizadora contra algunos aforados del Alto Gobierno y las Altas Cortes, que a decir verdad, tienen nombre propio. La conformación de todo este esperpento estuvo única y exclusivamente dirigida a obstruir la acción fiscalizadora de los Organismos de Control del Estado. Pero, lo que más sorprende, es que el Consejo Superior de la Judicatura, no lo pudo hacer directamente, puesto que, la mayoría de los “Honorables Magistrados”, se encuentran investigados, precisamente por la Contraloría General.
Con lo anterior queda claro, que Colombia es el único País del Mundo, donde el diablo madruga a comulgar, de paso se sube al púlpito a predicar el evangelio, dicta cátedras de moral y los cuarenta y cinco millones de Colombianos, como humildes borregos, estamos obligados a acatarlas sin chistar y sin tener derecho a la réplica.
Es apenas lógico, que, cuando las acciones de los Organismos de Control, llegan con todos sus fierros y pisa callos de los intocables,- delincuentes de cuellos blanco-, incrustados en las altas esferas del Estado, estos, se sienten acorralados y buscan por todos los medios, deshacerse de tan incómodos funcionarios, para continuar dando rienda suelta a sus fechorías, evadir sus responsabilidades en procesos disciplinarios y penales, e impedir que sus bienes,- adquiridos fraudulentamente, - con los dineros públicos-, les sean confiscados y embargados-.
El mismo episodio vergonzoso, que, hace unos días se presentó con la acuciosa y eficiente Fiscal General de la Nación, doctora Viviana Morales; se quiere repetir ahora con la doctora Sandra Morelli, Contralora General, a quién no le ha temblado la mano para colocar en la picota pública a funcionarios del alto gobierno y magistrados de las altas cortes, por apropiarse indebidamente de los Recursos de la Nación, a través procesos irregulares, adjudicándose pensiones fraudulentas, contratos amañados, nóminas paralelas y toda una parafernalia de delitos contra el patrimonio de los colombianos.
Finalmente, de acuerdo a como iban las cosas, tal cual lo ordenaron los atembados “conjueces”-, nombrados irregularmente por el Consejo Superior de la Judicatura, estos procesos irían a parar a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que, en sus casi cien años de existencia, se ha ganado la corona de la ineficiencia y el desprecio de los Colombianos, por ser una comisión de charlatanes, con ausencia absoluta en la Administración de Justicia y desconocimiento total de las funciones que le corresponden. En su larga existencia, jamás ha proferido un solo fallo. Este esperpento junto con el Consejo Superior de la Judicatura, deben desaparecer con la nueva Reforma a la Justicia.
La valerosa Contralora General de la República, ha de saber, que el País está con ella, le admira su valor civil por llamar las cosas por su nombre. Eso de que algunos aforados del alto gobierno y las altas cortes,- que tienen rabo de paja-, intenten quedar inmunes ante las decisiones que su organismo de control ha tomado para sancionarlos por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos, no deja de ser una usurpación a sus funciones, que, como Máxima Autoridad fiscal del País, está en la obligación de hacer cumplir todas las normas que rigen el buen manejo de los dineros dentro de la Administración Pública.
Es importante que este debate continúe, se dé, de cara a la opinión pública. Considero que no existe ninguna razón para no hacerlo. Cuando la máxima autoridad que rige los destinos de la Nación,- El Presidente de la República-, pisa predios penales por el mal manejo de los dineros públicos, su conducta debe ser juzgada con mayor vehemencia por los Organismos de Control, y la misma opinión pública que lo eligió, tiene derecho a participar activamente a través de los mecanismo de Participación Ciudadana, en esta caso con la figura de la Revocatoria del Mandato.
Felicitaciones señora Contralora, por el manejo diamantino de tan delicada situación, el País, sabe que Usted, no es funcionaria de revanchas ni retaliaciones. Simplemente cumple con su deber de acuerdo a su leal saber y entender. El País, las presentes y futuras generaciones se lo sabrán agradecer. Que Dios la bendiga.
LEYES A LA MEDIDA DE LOS CONGRESISTAS
Por: Elisabeth Ungar Bleier
Si hace un año muchos colombianos observábamos con admiración cómo el Congreso de la República aprobaba leyes de gran importancia para el país, como por ejemplo la Ley de Tierras y de Víctimas o el llamado Estatuto Anticorrupción. Hoy debemos mirar con preocupación los proyectos que se están estudiando y otros que fueron aprobados.
Entre los primeros se encuentran la reforma a la justicia y entre los segundos, leyes conducentes a satisfacer los requerimientos del gobierno norteamericano para formalizar y poner en vigencia el Tratado de Libre Comercio con ese país.
El proceso que ha sufrido la reforma a la justicia nos recuerda a los avisos que solían poner los sastres de pueblo en sus negocios: “Se arreglan trajes sobre medidas”. La diferencia es que en esta ocasión el sastre es quien decide qué cambios se hacen, cuánta tela se corta, qué arandelas se le agregan, para que éstos se ajusten a sus propios caprichos y medidas.
Una reforma que supuestamente tenía el propósito de fortalecer a la justicia y de combatir la ineficiencia y la impunidad, va a terminar sirviendo a los intereses de sectores políticos y parlamentarios que quieren a toda costa evitar ser investigados y sancionados. Figuras como la pérdida de investidura, que en el pasado reciente afectó a varias decenas de congresistas por diferentes delitos, se van a debilitar de tal manera que va a ser casi imposible que el Consejo de Estado la aplique en el futuro. De otra parte, se circunscriben los hechos por los cuales podrán ser investigados, a aquellos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Y como si fuera poco, la reforma contiene un artículo que elimina el conflicto de interés para participar en el debate y votación de proyectos que desarrollen la reforma en curso, con lo cual estarían legislando en beneficio propio. Es decir, contribuyendo a que el traje les quede a la medida.
En cuanto a las leyes que fueron aprobadas para darle vía libre al TLC con los Estados Unidos, sobresalen la de Derechos de Autor y las que se refieren a temas fitosanitarios. Sin pretender ahondar en temas que competen a los especialistas en estas materias, sí llaman la atención el sigilo y la celeridad con que se agotaron los debates. Incluso, se ha dicho que se hizo siguiendo de cerca las órdenes provenientes del alto gobierno, y desconociendo las opiniones de expertos y de funcionarios, que pretendían garantizarles algunas medidas de protección a la industria y a los productores y usuarios de materiales impresos y audiovisuales colombianos.
El problema no son los tratados de libre comercio, que sin duda le traen beneficios al país. El problema es que, tal como sucedió con la ley que reglamenta la distribución de las regalías, en unos meses los congresistas van a darse cuenta de que lo que aprobaron no es tan bueno como se lo pintaron. Hubiera sido muy importante que los ciudadanos conocieran los contenidos de estas leyes antes de su promulgación y que sus opiniones hubieran sido tenidas en cuenta. De eso se trata el gobierno abierto y para esto es la transparencia.
UN ESTADO DE EXCEPCIÓN "HUMANITARIO"?
Por: Gustavo Gallón
Un aspecto central de la propuesta gubernamental de reforma a la justicia militar es la falsa idea de que se necesita "armonizar el derecho penal con el derecho internacional humanitario".
Supone ello que tocaría modificar la legislación penal para que los militares ganen la guerra realizando ciertas conductas que estarían permitidas por el derecho humanitario. El derecho humanitario no es permisivo sino prohibitivo; es equivocado derivar de él autorizaciones para realizar actos de guerra.
El Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra es el derecho internacional humanitario aplicable a los conflictos armados internos, como el colombiano. Su norma básica dispone que “Todas las personas que no participen directamente en las hostilidades, o que hayan dejado de participar en ellas, estén o no privadas de la libertad, tienen derecho a que se respeten su persona, su honor, sus convicciones y sus prácticas religiosas” (art. 4.1). El resto de las normas del Protocolo II son una especificación de este postulado, como la prohibición de atentar contra la vida de quienes no sean combatientes. Se trata de un mínimo de conductas sobre las cuales existe consenso universal. Eso no significa que otras conductas bárbaras estén autorizadas por el derecho humanitario, pues este derecho no convalida la guerra. Simplemente se limita a registrar los compromisos sobre lo inadmisible, una vez que ha resultado inevitable la indeseable confrontación bélica.
En un conflicto internacional, los combatientes podrían asumir que todo lo que no esté prohibido por el derecho humanitario está permitido, pues no hay más derecho aplicable. Por el contrario, cuando el conflicto es de carácter interno, hay un derecho adicional, que es el derecho nacional, basado en la Constitución y en los derechos humanos. En consecuencia, si en una guerra internacional los soldados se sienten autorizados a interrogar a la población civil, en un conflicto interno no pueden hacerlo sin orden de juez, en un Estado civilizado. La Constitución los obliga ante todo a respetar la vida, honra y bienes de los ciudadanos.
Eso no quiere decir, como se ha venido afirmando, que en Colombia los militares se encuentren maniatados para hacer frente a la guerrilla y que por lo tanto no puedan realizar operaciones de ataque, como emboscadas. Las atribuciones que la Constitución asigna a la fuerza pública la habilitan para realizar acciones ofensivas contra delincuentes.
Lo grave es que ese argumento se está utilizando para impulsar una ley estatutaria que permita al ejército realizar sobre civiles otras acciones que actualmente no podría desplegar, según la Constitución. Es decir, para suspender garantías constitucionales. La iniciativa de “armonizar el derecho penal con el derecho internacional humanitario” puede ser una falacia a través de la cual se cree un nuevo estado de excepción, de carácter permanente, distinto de los previstos en los artículos 212 a 215 de la Constitución, y más parecido al estado de sitio que rigió casi sin límites en la anterior Constitución. Así lo aprobó la plenaria de la Cámara por 102 votos contra 5, el pasado martes. Es un peligroso y vergonzoso retroceso.
EL NUEVO SIGLO
C. SUPREMA, CITA A ESTUDIAR REFORMA JUDICIAL
Lo que va a probado hasta el momento será el análisis que deberá realizar la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. Dentro de las propuestas que van a estudiar los magistrados está la de si es conveniente volver al Congreso para discutir los diferentes temas contemplados en el proyecto, con la cual se encuentran en desacuerdo. El alto tribunal se retiró de la discusión de la reforma a la justicia el pasado 6 de diciembre, al considerar que los cambios en el proyecto en sus tres primeros debates, frente a lo concertado con las Cortes, afectan el equilibrio de la rama y no solucionan la congestión judicial.
Cuatro días antes la Comisión Primera de Cámara había aprobado una modificación al articulado con referencia a lo aprobado en segundo debate, sobre la doble instancia en el juzgamiento de congresistas, al establecer que la primera instancia estaría a cargo del Tribunal Superior de Bogotá y no de la Corte Suprema de Justicia.
PIDEN ACCESO A JUSTICIA PARA LOS MÁS POBRES
La Rama Judicial requiere de un sistema gerencial, un sistema de control del gasto y de inversión que le permita cumplir con un espíritu de la reforma que es ampliar el acceso a la justicia, especialmente de los más pobres.
Por tal razón, el senador Juan Manuel Galán, del Partido Liberal, propuso destinar el 0,5 por ciento del 3 por ciento del incremento adicional a programas de acceso a la justicia para las poblaciones en situación de pobreza (14 millones) y de pobreza extrema (5 millones) que tiene enormes dificultades en acceder a la justicia porque es muy costosa y distante.
AVALADA REFORMA DE SOSTENIBILIDAD FISCAL
La Sala Plena de la Corte Constitucional dio luz verde al proyecto que pretende modificar el pago de cuotas de las sentencias que son proferidas por las Cortes.
Con esto, queda abierta la posibilidad de que la Procuraduría y los ministros soliciten la modulación, modificación o disposición del pago de cuotas determinadas en sentencias emitidas por las cortes.
Las solicitudes podrán ser presentadas siempre y cuando no afecten los derechos fundamentales de los ciudadanos colombianos, expresa la decisión.
El proyecto fue demandado considerando que pone trabas a los alcances de las tutelas.
CREENCIAS RELIGIOSAS NO PUEDEN SER BASE DE FALLOS
De esta forma lo decidió la Corte Suprema de Justicia haciendo referencia a un caso de dos jóvenes involucrados en un supuesto crimen satánico.
El alto tribunal consideró que quienes representaban a la Fiscalía y a la Procuraduría se basaron en conceptos netamente religiosos y no jurídicos a la hora de solicitar la condena para los acusados.
CHOCAN FISCAL Y ESGUERRA POR REFORMA A LA JUSTICIA
Expresando que el proyecto de reforma a la justicia “no fue sacado del sombrero en una madrugada”, el Minjusticia, Juan Carlos Esguerra, respondió a las críticas de Eduardo Montealegre sobre el mismo.
En el marco del debate que hoy se dio alrededor de la reforma a la justicia, se presentó un fuerte encontronazo entre el fiscal General, Eduardo Montealegre, y el ministro de Justicia y del Derecho, Juan Carlos Esguerra.
Por su parte, Montealegre increpó al Gobierno y al Congreso aseverando que la propuesta sobre el tema de la investigación y el juzgamiento de los aforados y los parlamentarios “retrocede en la historia, que está anclada en un modelo de la Edad Media”.
“Mantenemos en el siglo XXI estructuras inquisitivas, características de épocas oscuras de la revolución francesa…hay un modelo más garantista y es el modelo acusatorio”, dijo el Fiscal en la comisión primera del Senado, escenario en el que se libra el quinto round para la aprobación de la iniciativa.
“No entiendo estos retrocesos. Mi propuesta en la investigación de los aforados es que se avance al modelo acusatorio que tendría una característica; intervendrían tres instituciones: la Fiscalía, los tribunales de garantías de alto nivel elegidos por la Corte Suprema de Justicia de ternas de alto nivel y un juzgamiento en la misma Corte”, afirmó.
Respondiendo, el ministro Esguerra expresó que “el proyecto que hay a consideración del Congreso, no fue sacado del sombrero en una madrugada”.
“No hay razón para que un juzgamiento o una investigación que ha de concluir en una determinación, no se surta a través del instrumento de la doble instancia”, dijo el Minjusticia al fiscal Montealegre.
De la misma manera, Esguerra aseguró que en la propuesta del Gobierno y del Congreso “se separará la instancia de investigación de la instancia de juzgamiento…la propuesta en el juzgamiento es resultado de lo que surgió de la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia”.
ENFRENTAMIENTO POR DEMANDA A IMPLEMENTACIÓN DEL TLC
El senador del Polo Democrático Camilo Romero, uno de los más duros críticos de la ley de implementación del TLC con Estados Unidos, demandó dicha iniciativa por considerarla inconstitucional.
Romero argumentó que la demanda de inconstitucionalidad está basada en varios artículos. “Por ejemplo se vulnera el derecho a la libertad de expresión. Esto ocurre en el artículo 15, pues prohíbe la retransmisión de televisión por Internet”.
“Además se vulnera el derecho a la intimidad consagrado en la Constitución. Y un claro ejemplo de esto es el artículo 19, que nada más ni nada menos otorga a cualquier autoridad administrativa la posibilidad de conocer la información de los supuestos infractores”, agregó el congresista.
El senador explicó que también demandó la iniciativa “porque no tiene unidad de materia, porque el artículo 21 tiene que ver con televisión y la cuota de pantalla. ¿Qué hace ese artículo metido allí? Pues era un requisito tal vez para el Tratado de Libre Comercio, pero la unidad de materia, que era regular derechos de autor con derechos de Internet, no se ha guardado en esta ley”.
En respuesta, el senador Carlos Ferro, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), expresó que en ningún momento la norma aprobada viola la libertad de expresión. “El proyecto lo que busca es reglamentar los derechos de autor, que fundamentalmente hoy se respetan”, indicó, añadiendo que, además, el hecho de que exista una Ley que busque regular la libertad de expresión no implica que se este violando el derecho a la libertad de expresión.
Para Ferro, lo que se debe entender es que cada ciudadano tiene derecho a acceder a las áreas de conocimiento y que se busca simplemente que exista una reglamentación especial.
Ferro consideró que su colega Romero debe entender esta es una ley que sirve como implementación para el Tratado de libre Comercio con Estados Unidos y que no tienen razón de ser dichas demandas.
DEBEMOS ESPERAR LA SENTENCIA, PORQUE HAY QUE VER SU ALCANCE”: PARDO
Otra reforma constitucional buscará tramitar el Gobierno en el Congreso para que cerca de 120.000 servidores públicos no queden en provisionalidad.
Así lo anunció el ministro del Trabajo, Rafael Pardo, al responder acerca del fallo de la Corte Constitucional en la que declaró inexequible la solución para los provisionales en relación con la carrera administrativa.
Pardo defendió la creación del Ministerio del Trabajo ante las críticas de algunos sectores que expresan que su reapertura lo único que genero fue más burocracia.
EL NUEVO SIGLO: El hecho de que la Corte Constitucional haya tumbado la carrera administrativa, ¿qué significado tiene?
RAFAEL PARDO:Es un tema que tenemos que examinar cuando la sentencia esté publicada, pues puede tener diferentes incidencias.
Es evidente que la situación de provisionalidad es más 120.000 servidores públicos nos preocupa a nosotros y tenemos que buscar mecanismos y alternativas. Pero realmente debemos esperar la sentencia realmente, porque hay que ver el alcance y el desarrollo de la misma.
ENS: ¿Esto afecta el plan suyo de eliminar los contratos por prestación de servicios?
RP:No, esto no tiene que ver con nada de eso. Son personas que están al servicio del Estado, pero en condición de provisionalidad, no en carrera administrativa. No afecta esta política, pero si hay un número muy importante de servidores públicos que quedan en esta circunstancia, en la que no tienen estabilidad, eso es lo que tendremos que mirar.
ENS: ¿Cuántos funcionarios han pasado a la carrera administrativa?
RP:No, se vienen haciendo procesos. Entiendo que unos 17.000 han pasado los programas y la pruebas que se han hecho, pero no le puedo decir con exactitud.
ENS: ¿Eso quiere decir que usted se reuniría con el Congreso para buscar una ley?
RP:Sí claro. Lo que se declaró inexequible fue una reforma constitucional. Ahí el tema no es una ley, pero por eso queremos mirar el contenido preciso de la sentencia, para saber el camino a tomar.
ENS: ¿Qué les dice usted a estos 120.000 funcionarios que quedaron en provisionalidad?
RP:Que estamos mirando el tema con mucha atención y que cuando tengamos las alternativas jurídicas, las anunciaremos.
ENS: ¿Cómo avanza su política de acabar con las nóminas paralelas?
RP:Ese es un tema que se demora, que es un proceso. Es una decisión que el Gobierno tiene de implementar una sentencia de la Corte, que en eso vamos con la Contraloría y Procuraduría muy activamente.
ENS: ¿Qué piensa de la propuesta de la pensión familiar?
RP:Sí, debo mirar el proyecto. No estuve en el debate. Me gustaría mirarlo más en detalle.
ENS: ¿Cómo se puede incrementar la capacidad laboral de los trabajadores en Colombia?
RP:La política del Gobierno es la formalización y buscar los mecanismos de protección social para los trabajadores independientes, informales, por cuenta propia. Y buscar la formalización para aquellos que tienen una relación laboral, pero en ocasiones, la relación no está permitiendo el ejercicio pleno de los derechos constitucionales.
ENS: Hay quienes dicen que con la creación de nuevos ministerios, lo que se creo fue más burocracia. ¿Era necesario hacerlo con el Ministerio del Trabajo?
RP:Era fundamental. Los temas laborales estaban en una condición de poca visibilidad y los temas laborales deben estar con gran visibilidad. Y la defensa de los derechos laborales es el interés del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos.
Colpensiones
El ministro Rafael Pardo, afirmó que Colpensiones será la mejor garantía para que el Régimen de Prima Media subsista en el sistema pensional colombiano. Después de recordar las cifras de desprotección a la vejez, el Ministro insistió en la necesidad de proteger a mas de dos millones de colombianos que no tienen la más mínima posibilidad de ser cubiertos en sus años de vejez a través de los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) así como la necesidad de formalizar el empleo en Colombia, iniciando por el gobierno.
REVISTA SEMANA
CONSEJO DE ESTADO SE MANTIENE AL MARGEN DE REFORMA
Tras contemplar su regreso a las discusiones que se dan en el Legislativo para reformar la justicia, el alto tribunal finalmente tomó la determinación de abstenerse. Se señaló que entregarán sus apreciaciones a los entes de control.
Tras una deliberación de varias horas, el presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez, anunció en la noche del miércoles que el alto tribunal no regresará a las sesiones parlamentarias en las que se discute la reforma la justicia, dado que se considera que no hay garantías suficientes para la rama Judicial.
"Se llegó a un punto en que el debate está demasiado pervertido", dijo el magistrado para luego manifestar que "la presencia del Consejo de Estado no reviste de ninguna autoridad".
Previamente, el Gobierno Nacional había solicitado el acompañamiento de las altas cortes durante las discusiones de la iniciativa que trancurre su segunda vuelta de cuatro debates en el Legislativo.
El presidente del tribunal dijo que convocará a una reunión de alto nivel con las cabezas de las otras dos ramas del poder (presidente de la República y presidentes de las cámaras) para analizar lo que hasta ahora se ha aprobado en el trámite de la reforma.
Así mismo, el magistrado manifestó que la corporación entregará sus apreciaciones a los entes de control, entre ellos a la Procuraduría, pues su concepto hay "excesos" en la reforma constitucional que atentan contra la propia Carta Política.
De no darse la actuación del ministerio público, Gómez Aranguren señaló que se acudiría a instancias internacionales, como las Naciones Unidas.
CMI
JUDICATURA NIEGA CIFRAS DE LA CONTRALORÍA SOBRE EFICIENCIA DE LA JUSTICIA
El Consejo Superior de la Judicatura negó las cifras reveladas por la Contraloría General que cuestionan la eficiencia de la rama judicial y señalan un incremento en el represamiento de los procesos.
El presidente de la corporación, Ricardo Monroy, sostuvo que no se pueden comparar otros países con Colombia porque las realidades son completamente diferentes.
“El informe de la Contraloría asegura por ejemplo que un juez en Estados Unidos profiere más sentencias en Colombia, pero es muy diferente la inversión que hace ese país para financiar su sistema judicial. En el caso de Chile al año tienen 400 mil procesos, mientras que en nuestro país se adelantaron 2 millones 700 mil sólo en el 2011”.
Por su parte, el presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez, aceptó que las demandas contra el Estado causan congestión en el sistema judicial.
“Nosotros reconocemos una demora sustancial en el contencioso administrativo. Nada más la sección tercera del Consejo de Estado tiene 10 mil procesos represados”, indicó Gómez.
UNA CARTA CONMOVEDORA SOBRE LA ADOPCIÓN EN COLOMBIA
Claudia Anchique, prestigiosa cardióloga de la Sociedad Colombiana de Cardiología, nos acaba de enviar a esta sección el siguiente mensaje, a propósito de las denuncias que están haciendo sobre adopciones en Colombia:
«El daño que ha causado en tan poco tiempo un programa de televisión sobre adopciones es terrible. El contenido de sus informes es sesgado, incompleto, amarillista y superficial. Lo único que ha provocado es dolor para los niños que han sido adoptados. Los informes les generan incertidumbre y graves consecuencias importantes para sus vidas […]. ¿Han sido engañados por sus padres?, ¿fueron comprados?, ¿su vida ha sido una mentira?, ¿ellos tenían un precio?, etcétera […] Y para los padres que adoptaron, el daño es igualmente grave: se les está acusando indirectamente como compradores de niños.
Y para las parejas y/o personas que quieren adoptar, los informes solo originan incertidumbre, temor, duda y posiblemente se frustre la opción de dar a un niño una familia. En un país donde el maltrato infantil, la violencia intrafamiliar, el abuso sexual, el abandono escolar, el trabajo en la infancia y en general el maltrato a los niños son el pan de cada día, no tiene sentido bloquear la opción de vida de niños sin hogar. Y para quienes trabajan en instituciones donde se respetan y cumplen los protocolos de adopción, así como las normas y leyes correspondientes, y han dedicado su vida con ética y convicción a la seguridad, la formación y desarrollo de los niños es una injusticia.
Taponar y dificultar más la adopción de niños […] No olviden que un niño o una niña entregados por violencia, por abuso, por abandono, por criminales castigos, solo puede permanecer en una casa de adopción o en el ICBF hasta cuando cumpla los 18 años. Si no fueron adoptados se irán a la calle... y es seguro que quienes atacan hoy las adopciones en colombianos no les van a dar ni familia ni cuidado ni atención.
Yo soy miembro de lo que llamamos la Familia Pisingos, por haber realizado un proceso de adopción allí. Mi esposo y yo adoptamos a nuestra adorada Manuela, de 6 años. Ella es hoy la razón de nuestra existencia. Otros padres Pisingos y por supuesto otras fundaciones tan decorosas y dignas dan felicidad a niños otorgándoles hogar, y a los hogares, otorgándoles un hijo. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar trabaja cumpliendo las leyes con ética y valor y ha demostrado que la adopción sí es un camino de vida y no un refugio de maleantes ni un eje de negociantes, como lo tratan de mostrar los informes a los que me refiero […].
Atte.
Claudia Victoria Anchique Santos
La feliz madre de la feliz Manuela».